Cumplimiento Normativo

Identificación y medición de los riesgos de los procesos

La consecución de los objetivos empresariales ha de ser compatible con el cumplimiento normativo, pero también con el desarrollo de las mejores prácticas y estándares nacionales e internacionales exigidos a su actividad. Por ello, el cumplimiento constituye para Bankinter, además de una obligación legal, un compromiso ético con el conjunto de la sociedad.

Ese compromiso sirve, además, de reflexión para la transformación de Bankinter en una entidad de vanguardia adaptada a la nueva realidad de la industria financiera, en la que se impone la necesidad de cambiar las relaciones con el cliente y de ajustar el modelo de negocio del banco a los nuevos hábitos de consumo financiero y a las múltiples exigencias de información.

La finalidad de la función de cumplimiento es asesorar y proporcionar directrices a las líneas de negocio que ayuden a definir la estrategia, asegurando en todo momento el respeto de la normativa aplicable. Con ese propósito, en todas las áreas de la función se realiza un notable refuerzo de las actividades de formación de su personal comercial.

Marco institucional

La función de Cumplimiento Normativo, cuyo órgano es la Dirección de Cumplimiento Normativo, depende de la Comisión de Riesgos y Cumplimiento del Consejo de Administración y se integra en la estructura administrativa de Bankinter a través de la Dirección corporativa de Control y Cumplimiento, que supervisa su actividad. La función tiene responsabilidades de alcance global, de carácter corporativo y de apoyo a los órganos de gobierno de Bankinter.

La cultura de control de riesgos está muy enraizada en la organización. Impulsada por la fuerte implicación del consejo y la Alta Dirección, se transmite a las unidades de negocio con agilidad y eficacia a través de esta estructura corporativa, de los sistemas y herramientas configuradas desde el origen para asegurar el cumplimiento de las normas e impedir comportamientos no deseados. Esta estrategia se refuerza mediante una política de incentivos alineada con el apetito al riesgo de la entidad, la formación continua y obligatoria de toda la plantilla, y un reforzado canal de denuncias.

En 2024 se aplicó a nivel corporativo la metodología de medición del riesgo en la materia y se realizó su seguimiento con una herramienta común a todas las áreas que conforman las segundas líneas. Del mismo modo, durante el ejercicio se desarrolló el proyecto de implementación de una taxonomía corporativa de procesos del banco, con el que se pretende fortalecer el modelo de tres líneas de defensa y la identificación y medición de los principales riesgos de los procesos, así como robustecer la gobernanza de la entidad.

Áreas básicas

Con este marco institucional y regulatorio, la entidad desarrolló en 2024 las áreas básicas de Cumplimiento Normativo como segunda línea de defensa y que se organiza en las siguientes unidades:

Control y asesoramiento en materia de transparencia bancaria y productos, servicios de inversión, abuso de mercado, Reglamento Interno de Conducta y conflictos de interés. Responsable de la gestión del riesgo y el asesoramiento a los órganos de gobierno respecto de la supervisión y control del cumplimiento de las normas de conducta en la prestación de servicios de inversión, bancarios y seguros, en la conducta en el mercado de valores y en la prevención del abuso de mercado.

Prevención del blanqueo y financiación del terrorismo. Vela por el cumplimiento de las políticas y procedimientos adoptados por la entidad con objeto de garantizar la adecuada cobertura de los riesgos existentes, mediante la aplicación de un marco de evaluación de riesgos y la promoción de medidas para su mitigación y en el asesoramiento a los órganos de gobierno respecto de la supervisión y control del cumplimiento de las normas internas y externas en esa materia

Estas unidades participan en el Comité de Cumplimiento Normativo, en el Comité de Productos y Riesgo Operacional, en el Órgano de Control Interno y en el Comité de Aceptación de Agentes.

Por otra parte, el Área de Prevención de Blanqueo de Capitales es la encargada de velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos adoptados por la entidad en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT).

La prevención de estas actividades constituye un objetivo estratégico y un compromiso ético con el conjunto de la sociedad, con el cumplimiento de los estándares internacionales y con las mejores prácticas en esta materia.
En línea con este objetivo, durante 2024
Bankinter y sus filiales continuaron desarrollando las medidas de control necesarias para cumplir con la normativa reguladora y se actualizaron el marco y el mapa de apetito al riesgo,
así como las herramientas informáticas
correspondientes.

Asimismo, se modificó el Manual de Políticas y Procedimientos de PBC/FT y todos los procedimientos anexos, con el fin de hacerlo más ágil y estructurado, incorporando las propuestas del supervisor y teniendo en cuenta los cambios normativos.

Por otro lado, se continuó trabajando en el Plan de Acción aprobado para el ejercicio en cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el experto externo y por el supervisor. Por norma general, todos los empleados del banco tienen formación anual obligatoria en materia de PBC. A cierre de 2024, 8.773 participantes completaron 6.749 horas de formación en este ámbito, con un aumento del 27% y del 37%, respectivamente, respecto a 2023.

Agenda regulatoria

Bankinter ha atribuido al área de Regulación, adscrita a la Secretaría General, las competencias propias de la identificación y comunicación de los cambios normativos. Como tal, facilita la detección temprana de los posibles impactos de los cambios normativos reduciendo con ello los sus riesgos. En este sentido, elabora anualmente un mapa a tres años que sirve de base para la definición de la estrategia regulatoria. Además, durante 2024 se gestionó de manera integral el cambio regulatorio, participando desde el inicio en los diversos proyectos que requirieron la adaptación de actividades o procesos de la entidad.

La agenda regulatoria en Europa estuvo marcada por las elecciones parlamentarias de junio de 2024, que supusieron una ralentización en la tramitación normativa. Durante el ejercicio, cabe destacar la publicación del reglamento que establece el marco europeo de identidad digital (eIDAS2). Además, se publicaron el paquete legislativo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y el reglamento de pagos inmediatos.

También destacan los trabajos preparatorios para la aplicación del Reglamento de Resiliencia Operativa Digital (DORA), el cual reforzará el marco de seguridad del sector financiero, así como para la Directiva de Información Corporativa en materia de Sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés), que implicará un aumento en la información a reportar en la materia a partir de 2025.

A nivel nacional, el legislador y los supervisores españoles se centraron en la protección de los consumidores e inversores minoristas. Destacan los siguientes proyectos:

• Ley 11/2023, que transpone la Directiva (UE) 2019/882. El proyecto pretende garantizar la accesibilidad de los productos y servicios bancarios para personas con discapacidad.
• Propuesta para la creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, que sustituirá a los actuales servicios de atención al cliente del Banco de España, CNMV y Dirección General de Seguros.
• Inicio de la transposición de la Directiva 2023/2225, de Contratos de Crédito al Consumo. Esta norma amplía los productos protegidos y refuerza la protección de los consumidores que solicitan un crédito.

El éxito de estos proyectos es crucial no solo para cumplir con los requisitos normativos y mitigar riesgos reputacionales, sino también para mantener la confianza de clientes y supervisores.

Perspectivas

En el horizonte regulatorio se prevén tres grandes bloques de trabajo. La primera prioridad de los legisladores es la de finanzas sostenibles. El hito más relevante será la transposición al ordenamiento jurídico español de la directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés).

Un segundo punto de atención es la Unión del Mercado de Capitales. En este contexto destacan los paquetes normativos de la Estrategia de Inversión minorista (MiFID III) y el paquete de compensación (Clearing Act). Se trata de iniciativas muy relevantes porque tienen el potencial de transformar significativamente el modelo de negocio y los procesos internos. Por ello, se monitorizan sus avances para anticipar su impacto y repercusión en los próximos años.

El tercer foco serán las finanzas digitales. En este ámbito destaca la tramitación del paquete de pagos minoristas y acceso a datos (PSD3, PSR y FIDA). Su objetivo es mejorar los procesos internos para reducir los casos de fraude y fomentar la innovación en el sector financiero al permitir a los consumidores y pymes autorizar a terceros el acceso y uso de sus datos financieros, de forma similar a las disposiciones de intercambio de información de la banca abierta bajo PSD2.

De un análisis conjunto de las iniciativas anunciadas debe concluirse que los legisladores tienen un firme compromiso para reforzar la protección de los clientes, garantizar la estabilidad financiera y mejorar la competitividad de los mercados financieros europeos de forma sostenible.