El Estado gastó el año pasado 72.812,9 millones de euros solo en sanidad pero, ¿qué ha pasado con el Estado del Bienestar en esta última década sobre todo con la crisis de por medio?
La publicación 'Esenciales', de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), constata que, durante los años de expansión, el gasto real en servicios públicos fundamentales (SPF) –esto es la educación, la sanidad y la protección social– por habitante experimentó crecimientos generalizados en todas las Administraciones Públicas. Sin embargo, en los años de crisis, solo la Seguridad Social logró proteger el nivel de gasto en SPF frente a las administraciones regionales que tuvieron que ajustarlo en un 15% de media.
España gasta menos que Europa
La publicación concluye que el gasto en España en los servicios públicos fundamentales que conforman el Estado del Bienestar tiene un peso en el PIB del 26,8%, cinco puntos porcentuales menos a la media de la eurozona en 2016 (último año disponible) e inferior a la de las cuatro mayores economías europeas: Alemania, Reino Unido, Francia e Italia.
Desigualdad entre comunidades españolas
Gasto en servicios públicos fundamentales de las CCAA
El gasto por habitante en servicios públicos fundamentales presenta diferencias regionales de hasta el 42%, entre la comunidad que más gasta (País Vasco) y la que menos (Canarias), lo que obstaculiza la igualdad de oportunidades entre territorios.
Las diferencias de gasto en SPF por habitante ajustado (indicador que pondera la población total en base a unos criterios que permiten un análisis comparativo más homogéneo) entre la comunidad que más gasta (País Vasco, 3.218 euros) y la que menos (Canarias, 2.265 euros) son sustanciales.
Además, el gasto por habitante ajustado de País Vasco y Navarra es un 23% y 18%, respectivamente, superior a la media española en 2016, mientras que el de las regiones insulares (Baleares y Canarias) es un 7%-8% inferior.
Estas diferencias interregionales ya eran patentes en el momento en el que finalizó el traspaso de competencias a las comunidades en el año 2002 y la posición relativa de las mismas apenas ha sufrido modificaciones a lo largo del período, según el estudio. “La existencia de diferencias en el gasto en SPF por habitante ajustado es un reflejo de que las diferencias responden no solo a distintas necesidades, sino a otros factores como la disponibilidad de recursos o el ejercicio de la autonomía por parte de las comunidades a la hora de determinar el nivel de prestación de los servicios o la modalidad de gestión de los mismos, lo que tiene consecuencias sobre el gasto unitario”.
Ajuste del gasto en servicios públicos fundamentales de las CCAA
La caída de los ingresos fiscales impidió a las comunidades proteger los niveles de gasto en estas funciones, pero la intensidad de los ajustes fue distinta en cada una de las regiones.
Durante la etapa expansiva (2003-2009) el gasto real en SPF por habitante experimentó un crecimiento acumulado de más del 20% en todas las comunidades, llegando a superar el 40% en Murcia y en Castilla-La Mancha.
Del mismo modo, la intensidad de los ajustes no fue la misma en todas las regiones durante los años de crisis. Castilla-La Mancha redujo su gasto en SPF por habitante en más de un 26% entre 2009 y 2013, mientras que País Vasco, Asturias, Castilla y León y Cantabria lo hicieron en menos de un 10%.
En los últimos años, el gasto en SPF de las comunidades ha iniciado su senda de recuperación, pero solo Cantabria y País Vasco han recuperado actualmente los niveles de 2009.
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