Uno de los conceptos económicos que ha resurgido recientemente y del que se ha empezado a hablar y debatir con mucha intensidad es el de “pacto de rentas”. La idea del “pacto de rentas” es algo excepcional, que aparece en momentos en los que es necesario un acuerdo entre los agentes sociales (patronal y sindicatos) impulsado por el gobierno, para poner solución a una situación concreta, como es en esta ocasión la elevada inflación.
Actualmente vivimos una situación singular, la guerra de Ucrania nos afecta de lleno, a nosotros y a todos los europeos. La manifestación más clara de esto es, por ahora, la elevada inflación, que tiene unas consecuencias muy perniciosas sobre la economía en general, pero especialmente graves para las familias y las empresas. Para hacerle frente se habla de un “pacto de rentas”.
El BCE fue el primero en hablar de un Pacto de rentas
La primera institución europea que puso encima de la mesa la necesidad de un “pacto de rentas” fue el BCE. De hecho, el Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, haciéndose eco de aquella preocupación, dijo lo siguiente en el mes de abril:
“… como vengo repitiendo en numerosas ocasiones, la menor renta del conjunto de la economía se traduce necesariamente en una merma de rentas de sus agentes. Resulta deseable en este contexto que esos agentes (fundamentalmente, empresas y hogares, pero también Administraciones Públicas) interioricen esa reducción de la renta nacional y acuerden un reparto de esta, con el fin de evitar que se desencadene una realimentación de incrementos de precios y costes. Un proceso de esta naturaleza en España solo agravaría los efectos perniciosos de la perturbación actual, porque la elevación simultánea de los niveles de precios y salarios en el contexto actual conllevaría una pérdida de competitividad exterior frente a los países con los que compartimos moneda que agravaría los efectos, ya de por sí nocivos, de la perturbación actual sobre la competitividad, el empleo y el crecimiento económico, y que, de generalizarse al conjunto del área del euro, obligaría a una normalización más agresiva de la política monetaria del BCE para garantizar el cumplimiento de nuestro mandato de estabilidad de precios”. El que la institución que tiene como objetivo el control de la inflación hiciese una advertencia tan clara no era baladí.
Pacto de rentas en España
Hernández de Cos propone un Pacto de Rentas en España con el objetivo de evitar esa espiral de precios y salarios que tendería a enquistar la inflación, lo que supondría un lastre difícil de superar para la tan deseada recuperación económica de España.
José María O'Kean distinguía recientemente en el debate Bankinter: Cara a cara, entre una inflación “de demanda” – debida fundamentalmente al consumo activado tras el parón de la pandemia porque había ganas y ahorros– y de costes “de oferta”. Según el economista, “la gente va a ir perdiendo capacidad adquisitiva sistemáticamente. La inflación de demanda es posible que se la pueda ir frenando, pero la inflación de oferta seguramente va a seguir moviéndose al alza. ¿Qué políticas se pueden utilizar? Por lo pronto, cuando llegue el mes de noviembre y diciembre el pacto de rentas”.
José María O'Kean advierte de que no hay que olvidarse de que la causa principal de la inflación son los costes de la oferta, el precio del gas, de la electricidad, y vamos a sufrir su impacto año tras año así que “frenando simplemente la demanda no vamos a frenar la inflación”. Algo que si se leen las declaraciones que hizo después de la última reunión del Consejo de Gobierno del BCE, también comparte Christine Lagarde, reconociendo implícitamente que no todo lo que puede contener la inflación está en manos del BCE.
Por su parte, Jordi Alberich, vicepresidente coordinador del Instituto de Estudios Estratégicos, decía en un encuentro organizado por el Consejo General de Economistas (CGE) y FEDEA a mediados de julio que “una vez hemos comprobado que la inflación no es un fenómeno pasajero como queríamos creer hasta hace poco y sin que nada augure que pueda reducirse de manera significativa en un futuro inmediato, el pacto de rentas se constituye en el eje central de la lucha contra el alza de precios. Se trata de evitar caer en una espiral inflacionista y, a su vez, transmitir a la ciudadanía que todos los perceptores de rentas, de uno u otro tipo, compartimos de manera equitativa el coste de la inflación”.
Propuesta de Pacto de Rentas del Gobierno
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, planteó a los agentes sociales –patronal y sindicatos– un pacto de rentas hasta 2025 que pase por una "moderación" de rentas salariales y empresariales para hacer frente a la escalada inflacionista. Después del verano se retomarán las negociaciones para ver si se logra un acuerdo, aunque sea de mínimos.
¿Qué dicen los agentes sociales?
Los sindicatos insisten en que el principal escollo para un acuerdo sigue siendo la cláusula de garantía salarial que ligue los sueldos al IPC, una medida que asegura a los trabajadores un incremento de sus remuneraciones al menos igual a la evolución de la inflación.
Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha mostrado a favor de un "acuerdo de país" que incluya las pensiones y sueldos públicos porque "no solo afecta al empleo privado”, y rechaza la idea de indexar salarios a la inflación en línea con lo que sostienen el BCE y el Banco de España.
Pensionistas y funcionarios ¿sí o no?
Incluir o no a los pensionistas es otro frente de batalla. La indexación de las pensiones al IPC fue la medida estrella del ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, recogida en la primera fase de la reforma de las pensiones y a la que no está dispuesto a renunciar.
Y los funcionarios públicos aducen que ya llevan tiempo aguantando la vela. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, rechaza el pacto de rentas y recuerda que en 2010 les recortaron la nómina entre el 5% y el 10%, y que desde entonces acumulan una pérdida de poder adquisitivo superior al 15%.
Y qué pasa con el IRPF
Pich va un poco más allá y considera que, a la vez que el pacto de rentas, también debería contemplarse la deflactación de la escala de gravamen del IRPF, “que, si bien podría tener una incidencia en el aumento de precios, no deja de ser un mal menor en comparación con la enorme pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo los contribuyentes, especialmente los de rentas bajas y medias”.
