Una de las cuestiones que más se debaten después del voto británico a favor de salir de la Unión Europea es el daño que el Brexit puede causar a las negociaciones del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) entre EE.UU. y la UE.

Para ello se dan dos argumentos importantes:

1. Que la salida del Reino Unido (quinta economía mundial y segunda de la Unión Europea) resta fuerza al bloque económico europeo
2. Que la "deserción" el Reino Unido, firme partidario del TTIP, debilita a los defensores del Tratado en un momento en que crece la oposición a su firma tanto en Europa como en EE.UU. (los dos candidatos a la Presidencia son, como mínimo, críticos con él).

Sin embargo, cabe otro enfoque absolutamente diferente que ni autoridades ni analistas están teniendo en cuenta. De forma resumida se puede formular así "la solución al Brexit es el TTIP".

Hay que recordar que el TTIP tiene una vocación universal, es decir, si sale adelante regularía las siguientes materias:

• la propiedad intelectual,
• la seguridad alimentaria,
• la inmigración,
• las medidas sanitarias y fitosanitarias,
• los servicios audiovisuales,
• la legislación laboral, contable y financiera,
• la energética y la medioambiental
• la fiscalidad, 
• la política de competencia,
• la contratación pública.

Y se constituiría como una especie de "supraley" a la que se tendrían que someter las legislaciones a ambos lados del Atlántico.

El acuerdo satisfaría plenamente al Reino Unido porque en él se plasmaría su visión de la economía y muchas de las aspiraciones que ha manifestado a lo largo de su permanencia en la UE.

Se puede argumentar que el razonamiento anterior carece de validez porque desde el momento en el Reino Unido deje de formar parte de la UE no formaría parte del Tratado. La respuesta es ¿por qué no? bastaría con que el acuerdo no fuese bilateral, Unión Europea-EE.UU., y se convirtiese en "trilateral", Unión Europea-EE.UU.-Reino Unido. Todavía no se ha firmado y esto es posible.

Y, se argumentaría de nuevo, si lo anterior es una posibilidad formal, los países europeos se opondrían ya que se produciría el fenómeno del "polizón" que viaja sin pagar billete, mientras los otros viajeros sí pagan. Por supuesto el "polizón" sería el Reino Unido.

Pero esta objeción, muy juiciosa, también se podría salvar aplicándole al Reino Unido una política similar a la de Noruega que contribuye al presupuesto de la UE y, a cambio, tiene acceso a su mercado (Espacio Económico Europeo).

De esta manera el Reino Unido seguiría teniendo acceso al mercado europeo y se sometería a unas normas de las que es firme defensor garantizándose la "independencia" de los "burócratas de Bruselas".

Si el "canon" que tuviese que pagar el Reino Unido por este nuevo estatus es similar al de su contribución actual a las arcas de la Unión Europea, los países europeos no tendrían mucho que oponer porque, además, podrían continuar con su proyecto de unión cada vez más estrecha y se terminaría de un solo golpe con casi todas las incertidumbres que el Brexit ha desatado.