Tradicionalmente, la vivienda protegida, o vivienda de protección oficial, ha sido un medio por el que muchas personas han podido acceder a una casa en propiedad o en alquiler. Las viviendas protegidas vuelven a ser noticia, después de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, haya propuesto blindar el parque de vivienda pública para que no pueda venderse a precio libre. En este artículo te contamos las diferencias entre una VPPL, una VPP y una VPO.
¿Qué es una vivienda protegida?
La definición de vivienda protegida es muy amplia: serían aquellas que han gozado de alguna ventaja (subvención, cesión del suelo…) por parte de la Administración Pública (sobre todo comunidades autónomas y Estado, aunque también se da el caso en algunos ayuntamientos) para su construcción y comercialización.
Como contraprestación a esas ventajas recibidas, las viviendas salen al mercado, de venta o alquiler, en condiciones más favorables que aquellas otras que se han construido sin ventajas.
Así ha sido la evolución de las viviendas protegidas en los últimos años:
¿Quiénes pueden acceder a una vivienda protegida?
Los destinatarios de las viviendas protegidas suelen ser familias de rentas bajas, colectivos desfavorecidos y/o jóvenes. Como normalmente la demanda de las personas que reúnen los requisitos para acceder a una vivienda de protección pública es muy alta y desborda la oferta, las adjudicaciones se realizan a veces por sorteo.
¿Qué tipos de viviendas protegidas hay?
En nombre más divulgado es el de Vivienda de Protección Oficial, VPO, pero la variedad es muy grande y su denominación depende de cada comunidad autónoma y de régimen de las ayudas.
¿Qué es una VPO?
Es el tipo de vivienda más conocido porque es el más antiguo, nacieron en 1963, y el único que existió durante mucho tiempo. Una vivienda VPO sería aquella que goza de alguna ventaja otorgada por una administración pública y que para su comercialización hay que atenerse a ciertos límites de precio y está destinada a personas jóvenes o de rentas bajas. Su promoción y construcción puede ser pública o privada.
¿Cuándo se puede vender una vivienda protección oficial? En relación con la venta libre de las Viviendas de Protección Oficial, normalmente estas viviendas están protegidas por 10 o 30 años, dependiendo de la comunidad autónoma. Si se quiere vender durante este periodo, suele ser necesario solicitar una autorización a la comunidad autónoma y ajustarse al precio máximo de venta que tenga establecido. En este punto sería en el que entraría en juego la medida propuesta por el Gobierno, al tratar de blindar estas viviendas para que no puedan venderse a precio libre.
¿Qué es una VPOPP?
Una VPOPP es una vivienda de protección oficial de promoción pública. Serían una variante de las VPO cuya característica fundamental es que el promotor es algún tipo de organismo público. Suelen tener un límite de superficie y, en general, su calidad es alta.
¿Qué es una VPP?
Una VPP es una vivienda de protección pública. A diferencia de las anteriores, el papel de la Administración sería el de facilitar la construcción y comercialización de viviendas. Son de varios tipos, dependiendo de la superficie y de otras condiciones, y tienen precios limitados.
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VPPB. Viviendas con Protección Pública Básica.
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VPPL. Protección Pública de Precio Limitado.
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VPPA. Vivienda con Protección Pública para Arrendamiento.
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VPPA OC. Vivienda con Protección Pública para Arrendamiento con Opción de Compra.
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VPPA OC J. Vivienda con Protección Pública para Arrendamiento con Opción de Compra para Jóvenes.
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VIS. Vivienda de Integración Social.
Viviendas de protección oficial de promoción privada
La participación de la iniciativa privada en las viviendas que tienen algún tipo de protección pública es muy frecuente.
La iniciativa público-privada se puede realizar de diferentes formas: la Administración aporta suelo o financiación y la construcción y comercialización las realiza un ente privado. Estas viviendas ofrecen ventajas en los precios tanto en alquiler como en venta. Así, en las VPT (Vivienda de Precio Tasado) el precio se fija normalmente en el convenio que firma la empresa privada con la Administración correspondiente.
