Descubre los problemas actuales de MUFACE, la mutualidad sanitaria para funcionarios, y los cambios propuestos en su modelo de atención.
¿Qué es MUFACE?
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) es un organismo público encargado de proporcionar asistencia sanitaria y social a los funcionarios adscritos. Se la puede considerar como una especie de Seguridad Social específica para funcionarios, aunque con ciertas particularidades.
Fundada en 1975, MUFACE depende del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Su red organizativa abarca todo el territorio nacional, y en 2024 ha contado con un presupuesto de 1.750 millones de euros.
Actualmente, MUFACE presta servicios a 1.500.000 personas, y los funcionarios pueden elegir cada año entre:
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Asistencia sanitaria pública, a través de la Seguridad Social.
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Asistencia sanitaria privada, mediante compañías aseguradoras.
Además de la atención sanitaria, MUFACE también gestiona el Plan de Pensiones de la Administración General del Estado, que cuenta con un patrimonio de 640 millones de euros y más de 640.000 partícipes y beneficiarios.
Servicios sanitarios en MUFACE
Tradicionalmente, MUFACE ha contratado servicios sanitarios a compañías aseguradoras privadas mediante un convenio. A cambio de una prima, estas aseguradoras gestionan la atención sanitaria de los funcionarios adscritos.
En el convenio actual, el reparto por aseguradora es el siguiente:
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Adeslas: 34%.
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Asisa: 25%.
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DKV: 13,2%.
El resto, el 28%, opta por la sanidad pública.
Problemas en la renovación del convenio de MUFACE
MUFACE renueva periódicamente el convenio con las aseguradoras (cada dos o tres años) mediante un concurso público. En este proceso, se establecen las condiciones económicas, principalmente la prima por asegurado.
En el convenio vigente, la prima es de 984 euros anuales por persona asegurada. Sin embargo, las aseguradoras han declarado que el coste real por beneficiario asciende a 1.608 euros, lo que ha provocado pérdidas acumuladas de 600 millones de euros en el periodo 2021-2024.
Para la nueva licitación, MUFACE ofreció un aumento del 17% en la prima, pero las aseguradoras reclaman un incremento del 40%, lo que ha impedido llegar a un acuerdo.
Factores que han incrementado los costes:
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Inflación: Impacto en suministros sanitarios, energía y salarios.
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Aumento de prestaciones: Desde la pandemia, la demanda de servicios sanitarios ha crecido significativamente.
Situación actual MUFACE
El Gobierno hizo una propuesta de un nuevo convenio para 2025-2026 con una mejora de la retribución a las aseguradoras del 17%. Esa propuesta fue rechazada por las compañías y la licitación quedó desierta.
Entonces el Gobierno pidió a las compañías que hicieran sus propuestas de las primas que estarían dispuestas a aceptar. El plazo para responder al gobierno acabó el 4 de diciembre, pero algunas de las respuestas de las compañías se desconocen.
Se sabe que DKW ha pedido un incremento del 40,3%, sobre la prima actualmente en vigor, y que el convenio dure solamente un año (frente a los tres que pide el Gobierno) para acudir al concurso. No se sabe cuál ha sido la respuesta de ASISA ni de SegurCaixa Adeslas. Se espera que en los próximos días el Ministerio de Función Pública lance una licitación exprés antes de que acabe el año y el actual convenio.
Aunque el convenio actual vence el día 31, las compañías están obligadas a seguir prestando sus servicios hasta el 31 de enero de 2025, pero a partir de esa fecha, si la licitación exprés no tiene éxito, el Ministerio de Función Pública podría utilizar la prórroga forzosa que obligaría a las compañías a seguir prestando sus servicios hasta el 30 de septiembre de 2025. Si el Gobierno opta por esta posibilidad, es más que probable que las compañías acudan a los Tribunales para evitarla.
La opción de que el colectivo de MUFACE pase a ser atendido por la sanidad pública preocupa a las comunidades autónomas, encargadas de gestionarla, ya que verían incrementadas sus dificultades actuales para lograr una buena asistencia sanitaria. El Gobierno ha dicho que en caso de concretarse esta opción compensaría económicamente a las comunidades autónomas.
