La llamada tasa Tobín entrará en vigor en España el 15 de enero de 2021 (aunque lo notarás en tus compras desde el día 14 debido a que la Bolsa española adopta la liquidación de operaciones en dos días, lo que en jerga financiera se conoce como D+2). Es una tasa que ya ha acumulado críticas. La más extendida es que el hecho de que vaya a ser más caro invertir en acciones de muchas empresas españolas podría desalentar invertir en compañías españolas, haciendo que el dinero de los inversores se vaya a empresas de países en los que no haya este impuesto. Por ejemplo, Estados Unidos o Alemania, que además cuentan con empresas más potentes.
Esto ocurrió en Suecia y Taiwán cuando activaron sus respectivos impuestos, que en mayor o menor medida también existen en Francia, Reino Unido e Italia. Para evitar una dispersión nacional, algunos analistas recomiendan que se implante a nivel europeo.
Hay que tener en cuenta que aproximadamente el 50% de las acciones cotizadas en nuestro país son propiedad de no residentes y que estos realizaban más del 80% de las transacciones. Estos inversores pueden considerar más atractivo otros mercados ya que un 0,2% menos de rentabilidad puede ser un porcentaje muy significativo en momentos en que los tipos de interés están tan bajos como ahora. Otro de los efectos sería el surgimiento de “alternativas” como la inversión en derivados.
En casi todas las experiencias conocidas no se han cumplido las expectativas recaudatorias y han quedado muy por debajo de los planes gubernamentales, que para el caso español son de 850 millones. Además, estos cálculos recaudatorios no tienen en cuenta los posibles daños colaterales, el más importante sin duda un encarecimiento de la financiación de las empresas y/o daño a su liquidez.
Según los expertos, estos dos factores perjudican la competitividad de nuestras empresas en el comercio internacional precisamente en un momento en el que ese comercio está especialmente dañado por la crisis.
