En las últimas semanas se ha abierto un debate en Europa sobre la necesidad de realizar inversiones para propiciar el crecimiento. El debate se ha provocado por el estancamiento de la economía y los bajos niveles de inflación de la eurozona. Todos los que participan en él están de acuerdo en que es necesario realizar inversiones. Pero hay discrepancias sobre si deben de ser públicas o privadas y sobre su cuantía.
El nuevo Presidente de la Comisión Europea defiende que se realicen inversiones por un importe de 300.000 millones durante los próximos años.
A esta propuesta han respondido los ministros de economía de Francia, Holanda y Alemania que han afirmando que la inversión pública tiene un rol esencial en las infraestructuras, la atracción de inversión privada y la mejora del crecimiento potencial, el problema está en el dinero que se requiere. Para ellos no hay necesidad de dinero nuevo.
Una óptica diferente es la del Ministro de Economía polaco, partidario de ampliar el plan de inversiones europeo hasta los 700.000 millones.
La posición del Fondo Monetario Internacional (FMI) hace énfasis en que Alemania tiene capacidad para emprender un plan de inversiones públicas que llegue hasta el 0,5% de su PIB y no se limite al 0,2% presupuestado.
Las posiciones que defienden la necesidad de inversiones públicas se basan en que la inversión privada difícilmente se reactivará cuando tanto las empresas como las familias están inmersas en un proceso de desapalancamiento que les impide acometer nuevas inversiones.
A esa dificultad se unen otras dos:
- la débil demanda interna que obliga a las empresas a ser prudentes a la hora de decidir si realizan inversiones para aumentar su producción,
- la fractura financiera de Europa que impide que las políticas monetarias del BCE lleguen a la economía real provocando un retroceso en la financiación a las empresas.
Muchos economistas ven necesario que la inversión pública sustituya a la privada y haga de motor para reactivar la economía y, si esta se produce, es cuando vendrá la inversión privada. Los que no comparten esta posición argumentan que no se puede acometer un plan decisivo de inversiones públicas porque esto agravaría los déficits públicos.
Aunque estas últimas posiciones son las que tienen todas las probabilidades de imponerse, no cabe duda de que el debate será largo, sobre todo si Europa mantiene los bajos niveles de inflación y de crecimiento que estamos viendo. A pesar de las serias diferencias de fondo que manifiestan estas posiciones parece que el debate actual rompe, al menos parcialmente, con las políticas aplicadas hasta ahora que han tenido como eje vertebrador los ajustes fiscales, la contención de los déficits públicos y, en definitiva, la austeridad.
Otro síntoma del cambio que ese está produciendo es que se contempla que Francia no cumpla con su objetivo de alcanzar el 3% de déficit hasta 2017 en vez de en 2015 como estaba previsto.
Desde el Gobierno español se admite que no habrá dinero nuevo para impulsar las inversiones desde las instancias europeas, más allá del que pueda invertir el Banco Europeo de Inversiones y del que se dispone para los fondos estructurales. No obstante, España ha anunciado que elevará a 1.000 millones euros la licitación en la red viaria del Estado. No es una cantidad excesiva pero va en línea con lo que sucedió en 2013 en el que la inversión en obra pública creció un 23%, lo que no sucedía desde 2006.
Para enmarcar convenientemente lo que está sucediendo hay que tener en cuenta que la inversión ha caído un 15% en Europa desde el comienzo de la crisis.
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