La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia clave que redefine las precauciones necesarias al realizar préstamos entre familiares. Aunque estos movimientos son frecuentes y perfectamente legales, la justicia pone ahora el foco en la trazabilidad de los fondos para evitar que se encubran donaciones o ingresos injustificados.

El riesgo de no probar el origen del dinero

La clave de la sentencia no es prohibir estos préstamos, sino evitar el fraude fiscal. El Tribunal Supremo es tajante: un contrato privado no es prueba suficiente para justificar el origen del dinero. Para que la Agencia Tributaria no intervenga, es imperativo demostrar de dónde vienen los fondos y cómo han llegado al destinatario.

Para garantizar la validez ante Hacienda, la operación debe cumplir con tres requisitos de trazabilidad:

• Salida de fondos comprobable: El prestamista debe demostrar que el dinero salió de su patrimonio de forma lícita.

• Recorrido claro: Es fundamental que exista una huella bancaria (transferencias o cheques nominativos) que conecte a ambas partes.

• Acreditación de la recepción: El prestatario debe reflejar el ingreso en su cuenta corriente y justificar su destino.

Además, debe existir una coherencia temporal y cuantitativa: las fechas de salida y entrada deben ser próximas y las cantidades deben coincidir con exactitud.

El peligro de los métodos informales

La prueba es sencilla si se utilizan mecanismos bancarios tradicionales. Sin embargo, el Tribunal Supremo advierte que las entregas en efectivo o métodos informales dificultan la justificación. Si la conexión de la operativa no es sólida, la administración tributaria puede calificar el dinero como una ganancia patrimonial no justificada.

El Tribunal Supremo exige, por un lado, la identificación lena. No solo de quién entrega el dinero, sino del medio de transmisión. También pide una acreditación del título jurídico. Es decir, el contrato que sustenta la operación. Pero, además, exige un criterio clave, la prueba de la realidad de la transmisión. Teniendo así una trazabilidad bancaria perfecta.

En este sentido, se confirma la aplicación del artículo 105 de la Ley General Tributaria: la carga de la prueba recae sobre el contribuyente, quien debe demostrar la licitud y naturaleza del movimiento.

Consecuencias fiscales: del préstamo a la sanción

Un préstamo familiar, si está correctamente documentado, está sujeto, pero exento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), por lo que no tributa. No obstante, si Hacienda invalida la operación por falta de pruebas, el escenario cambia radicalmente:

Finalmente, es importante recordar que un solo contrato puede ser insuficiente para dar cobertura a múltiples ingresos. Cada operación debe contar con su propio respaldo documental y trazabilidad bancaria independiente.