Los juicios de los altos cargos de Caja Madrid acusados de la utilización de las tarjetas "black" comenzarán el próximo 23 de septiembre en la sede de San Fernando de la Audiencia Nacional. Los directivos de la entidad alegarán en el juicio que las tarjetas eran legales por ser parte de sus salarios.

Los directivos del banco que no formaban parte del Consejo de Administración y tampoco de la comisión de control, formada por los empleados por cuenta ajena de Caja Madrid según los denominó el juez durante la investigación, van a manifestar que sus tarjetas fueron aprobadas siguiendo el procedimiento formal del banco y que eran transparentes a Hacienda, según ABC.

CUANTÍAS ASIGNADAS

Las fuentes de las defensas han afirmado al diario que los doce acusados tenían estas Visas como parte de su salario. Así, explican que fueron acordadas por "quien tenía facultades" para ello según las normas de la entidad. En concreto, el presidente del banco, quien asignaba las cuantías y se encargó de fijar que una parte de la retribución de los directivos se pagaba a través de una tarjeta, y la comisión ejecutiva.

La afirmación de que una parte del salario se pagaba a través de una Visa es contraria a la posición que desde la Fiscalía Anticorrupción se tiene. El organismo considera que este sistema retributivo "carecía de todo amparo legal, estatutario o contractual". Por ello, solicita para los acusados hasta dos años de prisión y una multa de 63.000 euros.

En total se juzga a 66 personas, de los cuales 12 han sido diferenciados por el fiscal como usuarios y los otros 54 como consejeros. Pero, a puertas de la apertura de juicio oral, acusó a todos por apropiación indebida, un delito que castiga a aquellos que se quedan con un bien que se les entrega de forma temporal.

OTRA TARJETA DE EMPRESA MÁS

Los directivos, los trabajadores de la entidad con contrato de alta dirección y no consejeros, alegarán la existencia de otra tarjeta de empresa y dirán que las Visas estaban en el circuito ordinario. En este sentido, éstas fueron dadas de alta en el sistema informático del banco. Su transparencia, defenderán, estaría probado por su contabilización en una cuenta específica que, desde 2001, solo registraba tales gastos. Las defensas también cargarán contra el informe de auditoría interna de Bankia que levantó el escándalo, al que acusan de partir de premisas "falsas".

El levantamiento de la imputación por parte del juez, tenía por objeto que los doce altos cargos fueran a juicio como partícipes a título lucrativo, o, lo que es lo mismo, por beneficiarse de un dinero sin conocer su origen delictivo. No obstante, el magistrado, obligado por la Sala de lo Penal, les procesó al cerrar la investigación, cuya causa fue reabierta contra los doce, quienes gastaron en total 3,4 millones de euros.

Así, la Fiscalía Anticorrupción acusa a todos los usuarios de las Visas por apropiación indebida, la acusación popular del sindicato Confederación Intersindical de Créditos (CIC), y también atribuye un delito de administración desleal a los consejeros. El tribunal juzgará a los 66 usuarios, que gastaron 15,5 millones entre 2003 y 2012.