Pues el ajuste en las tarifas de suministro eléctrico que llevamos viviendo varios años continuará su curso. Al menos este próximo verano habrá un nuevo capítulo. Así lo ha reconocido el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, quien ha anunciado que la factura mensual que pagamos todos por nuestro consumo eléctrico crecerá en torno al 1,2 y el 1,3 por ciento a partir del 1 de julio.
Todo, tras la subasta eléctrica celebrada recientemente entre los comercializadores que prestarán el servicio para garantizar el suministro de la Tarifa Último Recurso (TUR), la que acoge a la inmensa mayoría de la población. Ahí se fijó un precio que supone un aumento del 3 por ciento con respecto al existente, aunque el ministro Soria se apresuró a puntualizar que el incremento de precio para las familias no corresponde a este dato, sino que es fruto de los peajes, el precio que las empresas distribuidoras cobran a las comercializadoras por el uso de sus líneas y para su mantenimiento. Y estamos hablando que esta partida supone casi un 40 por ciento del total de nuestra factura mensual.
Así, el 50 por ciento del precio que pagamos mensualmente viene marcado por los precios de las comercializadoras, mientras que la otra mitad se centra en los costes regulados y los citados peajes, caballo de batalla para el Gobierno, que ha mantenido en los últimos meses su precio pese a justificar que es la base del déficit de 26.000 millones de euros acumulados que arrastra el sector energético.
No es de extrañar que la reforma que plantea el Ejecutivo de Mariano Rajoy pretenda la eliminación de este coste, incapaz de ser cubierto por los ingresos que genera el consumo eléctrico, aunque cuestionado por las organizaciones de consumidores.
Tras la subida del 3 por ciento registrada en enero, este alza del precio de la electricidad es el segundo del año 2013, aunque su efecto se ve amortiguado por la caída de los precios de marzo, que rondaron el 6 por ciento. No obstante, desde Facua – Consumidores en Acción se ha criticado duramente este ajuste de precios que, según esta organización, pone en entredicho las subastas eléctricas como espacios para hinchar precios.
Su portavoz, Rubén Sánchez, califica de “inadmisible” el peso específico que tienen las empresas comercializadoras a la hora de fijar tarifas y del que, según sus palabras, se aprovechan de esta posición predominante en su propio beneficio. En este sentido, el representante de los consumidores incide en la “insistencia” del Gobierno en no cuestionar el déficit de tarifa calificado por organismos de defensa de los consumidores como ficticia: “Están buscando fórmulas para que los consumidores devolvamos cantidades que debemos y que no compartimos”, argumenta.
.jpg)
