Este lunes da comienzo el juicio por el rescate de American International Group, en el que se determinará si el rescate de esta compañía financiera por parte del Gobierno de Estados Unidos en 2008 fue legal o no.



El rescate de AIG, muy cercano al colapso de Lehman Brothers, precedió a otros posteriores sobre empresas automotrices y financieras “demasiado grandes para quebrar” en pleno estallido de la crisis.



Este caso investiga los límites del poder del Ejecutivo para responder a las grandes crisis financieras y la decisión de la Reserva Federal de Nueva York en septiembre de 2008 de establecer un paquete de rescate al gigante asegurador cuando estaba al borde de la quiebra.



El juicio se prolongará durante seis semanas y en él declararán personajes como el expresidente de la Fed Ben Bernanke y los exsecretarios del Tesoro Timothy Geithner y Henry Paulson, informa Reuters.



EVALUAR LA ACCIÓN DEL GOBIERNO



La defensa del expresidente ejecutivo de AIG Maurice Greenberg argumenta que el Gobierno intentó castigar ilegalmente a los accionistas de la aseguradora, estableciendo términos excesivamente duros para el rescate. Según estos abogados, la Fed de Nueva York dio un préstamo de 85.000 millones de dólares al grupo con altos intereses a cambio de una participación del 80%, lo que según los abogados de Greenberg representó un perjuicio para los accionistas.



Greenberg era entonces el principal accionista de AIG a través de Starr International. Starr presentó la demanda en noviembre de 2011.



El caso plantea dos cuestiones centrales: si fue legal que el Ejecutivo se apropiara de acciones de AIG valoradas en 35.000 millones de dólares y sólo pagara 500.000 dólares, y si tenía permitido condicionar el préstamo a una participación en la compañía.



Por su parte, los abogados del Gobierno consideran que las acciones son apropiadas. Así, han destacado que el acuerdo fue aprobado por la cúpula de AIG en un momento en que la compañía no tenía otra alternativa que declararse en quiebra. Según los letrados del Departamento de Justicia, este caso es una “teoría conspirativa” y ha sido “construido sobre una premisa equivocada”.



El juez Thomas Wheeler rechazó el pasado mes de agosto la propuesta de Estados Unidos de descartar la demanda, que busca una compensación de hasta 50.000 millones de dólares en daños. Wheeler argumenta que el caso implica “asuntos financieros y económicos complejos” que deben ser analizados.