La presentación del llamado "Informe Lagares" elaborado por un grupo de expertos para asesorar al Gobierno sobre una futura reforma fiscal se hace esperar y no se conocerá oficialmente hasta el día 14. A pesar de esto algunos contenidos del informe han ido llegando los últimos días a los medios de comunicación.

La filtración más reciente la publica hoy el diario El País, que adelanta que los expertos plantean en su informe lo que llaman una "devaluación fiscal", una alternativa a la devaluación de la moneda,  que tiene como objetivo ganar competitividad con el exterior.

Como la moneda española es el euro, el Gobierno no puede devaluarla, hacer que valga menos que otras monedas y, de esa manera, abaratar los productos españoles haciéndolos más atractivos para los compradores extranjeros. Al no ser posible la devaluación de la moneda la otra forma de conseguir que se abaraten los productos españoles es que cueste menos producirlos y uno de los costes que más influye sobre los precios finales de los productos son los impuestos y cuotas a la seguridad social que se pagan a lo largo del proceso productivo.

De esta manera, lo que al parecer proponen los expertos es que se rebajen las cuotas que se pagan a la Seguridad Social y se compense la caída de ingresos por ese concepto aumentando otros impuestos que no encarezcan los productos destinados a la exportación. El impuesto ideal para ello es el IVA ya que las exportaciones no lo pagan.

De llevarse a cabo esta propuesta, u otra similar, los supuestos efectos sobre la competitividad de nuestra economía serían favorables ya que no solo serían más baratos nuestros productos sino que los importados, que sí pagarían IVA cuando los comprásemos, serían más caros. El diario El País subraya que esta medida “tendría efectos positivos sobre el empleo y el sector exterior, pero tendría una escasa repercusión sobre el producto interior bruto (PIB), según varios estudios”. Igualmente, hay que recordar que el Gobierno ha descartado una subida del tipo máximo del IVA a corto plazo aunque podría “sacar” del IVA reducido algunos productos y pasarlos al tipo general, mal elevado.

Habrá que esperar al día 14 para conocer el informe completo pero, en todo caso, hay que tener en cuenta que no es vinculante para el Gobierno, que este puede hacer suyas no sus propuestas y que, luego, lo que decida el Gobierno tiene que pasar por el Parlamento que será quien sancione lo que finalmente se convierta en ley. Una ley que entrará en vigor en 2015 y, probablemente, no lo haga abruptamente sino de forma paulatina a lo largo de 2 o 3 años.