El Gobierno tiene intención de regular el crowdfunding, el sistema de financiación que se ha ido popularizando y extendiendo a través de internet y de la redes sociales.
El crowdfunding consiste esencialmente en que una persona física o una empresa que tiene un proyecto o una iniciativa y que necesita dinero para llevarla a cabo pide ayuda económica en la red.
Los datos, algo imprecisos, que se manejan indican que en Europa las cifras de crowdfunding alcanzaron el año pasado 750 millones de euros y a nivel mundial 2.700 millones de dólares (un 80% más que el año anterior), de los que 10 millones fueron destinados a España.
Parece que los proyectos que más dinero han recaudado en España fueron para la creación de una nueva versión del juego HeroQuest, casi 700. 000 euros, y una plataforma para crear apps móviles que logró 900.000 euros de financiación, de los que 300.000 fueron reunidos por 33 inversores privados a través de The Crowd Angel.
¿Cómo va a regular el Gobierno el crowdfunding?
Por lo que se ha filtrado se va a centrar en las plataformas que ponen en contacto, a través de páginas web, a una pluralidad de inversores con promotores de "proyectos de financiación participativa".
Las sociedades propietarias de esas plataformas deberán registrarse en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en el Banco de España que las supervisarán con la intención de garantizar los derechos de los inversores y serán responsables ante estos de la información remitida por los promotores y publicada en la página web.
El capital de las sociedades deberá ser igual o superior a 50.000 euros o, en su defecto, disponer de un seguro de responsabilidad civil con una cobertura anual de 150.000 euros.El importe máximo de captación de fondos por cada proyecto de financiación participativa no podrá ser superior a 1 millón de euros.
La ley fijará lo que considera "proyectos de financiación participativa" y parece que serán los que cumplan las siguientes características:
- Estar destinados a una pluralidad de personas que esperan tener un rendimiento monetario de su inversión y no operan con carácter profesional.
- Que se realicen por promotores que solicitan la financiación en nombre propio.
- Que la financiación esté vinculada a un proyecto concreto.
El proyecto de ley también fija límites a las aportaciones. Cada inversor no podrá invertir más de 3.000 euros en el mismo proyecto o más de 6.000 euros en varios proyectos a lo largo de 12 meses.
