La deuda del conjunto de las administraciones públicas cerró 2024 en 1.622 miles de millones, tras subir un 2,9% respecto a diciembre de 2023, según los últimos datos del Banco de España. Descubre todos los detalles en este artículo cómo ha sido su evolución.
Deuda de las administraciones públicas en términos absolutos
Por administraciones, a nivel interanual la deuda solo bajó en términos absolutos en las corporaciones locales (-1,5%), mientras que la deuda se incrementó en el Estado (+4,2%), las comunidades autónomas (3,4%) y especialmente en la Seguridad Social (8,6%).
Deuda pública en relación con el PIB
La ratio deuda / Producto Interior Bruto (PIB) se situó en el 101,8%, lo que supondría una bajada de 3,3 puntos porcentuales con respecto a diciembre de 2023.
> Ver previsiones de Deuda pública / PIB para 2025 y 2026
Qué es el Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE)
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de la Unión Europea (UE) es un conjunto de normas que regula la coordinación de las políticas fiscales de los países de la UE con el objetivo de velar por unas finanzas públicas saneadas.
El Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) respalda a la sección correctora del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Así, los países de la UE deben demostrar que sus finanzas están saneadas y cumplir con dos criterios:
- Sus déficits presupuestarios no pueden superar el 3% del producto interior bruto (PIB).
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Sus deudas públicas (deuda del gobierno y de los organismos públicos) no pueden superar el 60% del PIB. Las normas europeas exigen que la brecha entre el nivel de deuda y el umbral del 60% se reduzca en un veinteavo de su volumen cada año.
Cada mes de abril, los países de la zona del euro presentan sus programas de estabilidad a la Comisión y el Consejo, donde informa del objetivo presupuestario a medio plazo del país y de cómo se alcanzará.
Los programas son examinados por la Comisión. Si no se cumplen los criterios, el Consejo pone en marcha un Procedimiento de Déficit Excesivo basado en las recomendaciones de la Comisión. Este procedimiento exige al país en cuestión que presente un plan con las medidas y las políticas correctoras que aplicará, además de los plazos para su implantación. Los países de la zona del euro que no sigan estas recomendaciones podrán ser sancionados.
