MADRID, 16 NOV. (Bolsamania.com/BMS) .- Ayer el Gobierno anunció la puesta en marcha de un Real Decreto-Ley para proteger a los colectivos “más vulnerables” de los desahucios. En este sentido, los expertos de Ahorro Corporación Financiera advierten que esa situación de vulnerabilidad, “se define de manera muy amplia al contemplar numerosas circunstancias económicas y personales. Aunque la medida no debería afectar al reconocimiento de mora por parte de las entidades financieras, ya que la protección (moratoria de dos años) sólo afecta a la fase última del proceso legal (el lanzamiento forzoso) pero no a la ejecución, sí creemos que podría incrementar el impago para los segmentos que ya se encontraran en una situación límite”.



Estos analistas creen que, para las nuevas entradas en mora, sí existe una cierta pérdida de la capacidad negociadora de la entidad financiera en determinados segmentos, “aunque creemos que el temor a perder la propiedad seguiría siendo el elemento determinante”. Recuerdan en Ahorro que, en esos casos, las entidades financieras han llegado la mayoría de las veces a acuerdos de compra del inmueble con posterior contrato de alquiler, “que en este caso no habría lugar durante dos años”. Para estos expertos, la medida podría afectar más a las entidades con mayor pérdida esperada en el segmento minorista con garantía real. “Según el escenario adverso de Oliver Wyman para dicho segmento, en un principio, las entidades más castigadas serían Banco Sabadell y Banco Popular con un 5,5% y un 5,4%, respectivamente, y la menos a Bankinter (2,1%)”, concluyen.



ASÍ SON LAS MEDIDAS CONTRA LOS DESAHUCIOS, SEGÚN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA



“El Consejo de Ministros ha aprobado hoy (ayer jueves) un Real Decreto-Ley de medidas urgentes que establece una moratoria de dos años en la ejecución de los desahucios de vivienda habitual para un colectivo amplio de ciudadanos. Además, pone en marcha la constitución de un fondo social con viviendas destinadas a alquileres de renta baja para quienes se hayan visto especialmente castigados por la crisis económica.



Con esta decisión, se paraliza el proceso de lanzamiento (la última fase del desahucio) durante dos años para aquellas familias incursas en un proceso de este tipo, siempre que reúnan determinados requisitos, de modo que podrán seguir residiendo en su vivienda habitual sin coste.



Los colectivos que van a poder acogerse a la moratoria debido a su especial vulnerabilidad son:



• Las familias numerosas, de acuerdo a la legislación vigente.



• Las unidades familiares monoparentales con dos hijos a cargo.



• Las unidades familiares de las que forme parte un menor de tres años.



• Las unidades familiares en las que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma temporal o permanente, forma acreditada, para realizar una actividad laboral.



• Las unidades familiares en las que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado la prestación.



• Las unidades familiares en las que convivan en la misma vivienda una o más personas con parentesco de hasta tercer grado respecto del titular de la hipoteca o su cónyuge y que se encuentren en situación de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que le incapacite de forma temporal o permanente, de forma acreditada, para realizar una actividad laboral.



• Las víctimas de violencia de género, si la vivienda objeto del desahucio es la habitual.



Para poder acogerse a la moratoria se establecen, asimismo, unos baremos de renta y esfuerzo que representa la cuota hipotecaria:



• Que la unidad familiar cuenta con unos ingresos inferiores o iguales a tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM). En 2012 este indicador está situado en 513 euros al mes, por la que lo renta de la unidad familiar no debe superar los 1.597 euros al mes.



• Que la familia haya sufrido una alteración sig