El envejecimiento de la población se acelera a pasos agigantados como fenómeno global. Según el último informe Pension at a Glance 2019 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el ratio de mayores de 65 años por cada 100 personas en edad de trabajar (20-64 años) ha aumentado un poco más del 50% en la OCDE en promedio, pasando del 20% en 1980 al 31% en 2020. Según este organismo, para 2060 está previsto que en nuestro país habrá más de 80 personas mayores de 65 años por cada 100 habitantes en edad de trabajar, cuando en 2020 no supera ya los 30.
Es decir, en 40 años, habrá más del doble de jubilados por cada trabajador que lo que hay actualmente. De hecho, España es el sexto país de la OCDE en el que más rápido descenderá la población en edad de trabajar entre 2020 y 2060.
¿Cómo compara esta cifra con otros países?
España, junto con Grecia, Corea, Polonia, Portugal, República Eslovaca y Eslovenia, se sitúa entre los países que envejecerán al ritmo más rápido para 2060. Solo nos superan Japón y Korea, aunque Italia y Portugal se aproximarán bastante al ratio español.
Por su parte, países como Dinamarca, Finlandia y Suecia, que actualmente tienen un ratio relativamente alto entre personas mayores de 65 años y en edad de trabajar, estarán por debajo de la media en 2060.
Entre los países del G20 que no pertenecen a la OCDE, el ritmo del envejecimiento de la población es más rápido en Brasil, China y Arabia Saudita que el promedio de la OCDE, pero actualmente tienen poblaciones más jóvenes.
El envejecimiento en curso de la población pone bajo presión la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones en España, debido a que habrá más personas cobrando una pensión de jubilación y menos ciudadanos trabajando que inyecten ingresos al sistema.
Desde hace unos años se han introducido medidas para tratar de disminuir el impacto de ese tsunami de envejecimiento tales como el retraso de la edad de jubilación o la introducción de un factor de sostenibilidad. Sin embargo, según los expertos, son medidas que bajarán las pensiones futuras pero que son previsiblemente insuficientes para compensar los efectos del envejecimiento de la población.
