Bankia estaba llamada a convertirse en uno de los gigantes financieros no sólo de España, sino de la Unión Europea. La fusión de Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias, Caja de La Rioja, Caja Ávila, Caixa Laietana y Caja Segovia dio a luz a una entidad demasiado expuesta a los riesgos del ladrillo pero que salió a los mercados en julio de 2011.
Su caída en desgracias es de todos sabida, así como la onda expansiva que supuso su nacionalización, que arrastró también a miles de ahorradores que habían adquirido preferentes, un producto financiero del que muchos desconocían totalmente su letra pequeña porque nadie se la había explicado.
Ante las dificultades para la devolución sin más de ese dinero invertido, el arbitraje para los clientes minoristas abierto el pasado mes de abril concluyó recientemente con más de 180.000 solicitudes presentadas, lo que supone un 76 por ciento de los casi 240.000 preferentistas que podían pedir este laudo.
Pero la solicitud de devolución no es sinónimo de recuperación del dinero. Ni mucho menos. El dictamen inicial de una consultora independiente (KPMG) establece si el cliente cumple los criterios marcados inicialmente por la Comisión de Seguimiento para participar en proceso de arbitraje, donde se establecerá la cuantía final que recuperará el inversor. Porque no podemos olvidar a las famosas ‘quitas’: una media del 38 por ciento para los preferentistas, un 36 por ciento para los clientes con deuda subordinada perpetua y del 13 por ciento si la deuda subordinada tenía vencimiento.
Según Bankia, en los últimos meses se han solucionado un total de 2.095 expedientes, lo que se traduce en que estos clientes han recuperado su dinero invertido (quitas aparte), así como hay pendientes de respuesta más de 5.700 expedientes, ahora en manos de la Junta Arbitral Nacional de Consumo, que estudia caso por caso para valorar si el cliente, en primer lugar, tiene razón y, posteriormente, calcular la cuantía que le correspondería recuperar en función de los anteriores condicionantes.
Eso sí. No todas las solicitudes pasan el corte inicial, lo que abre las puertas a la única vía posible en esa situación: la reclamación judicial. Y ya hay jurisprudencia favorable a los preferentistas. Un juzgado de Fuenlabrada ha dictaminado que las preferentes son un producto complejo inadecuado para su comercialización en inversores con nulos conocimientos financieros, resolución en la línea de lo que ya marcó en su día el Defensor del Pueblo.
De esta forma, la titular del juzgado número 5 de Fuenlabrada declaró nulo el contrato suscrito entre la demandante y Bankia, a la que obliga a la devolución del dinero invertido (unos 125.000 euros) menos los rendimientos generados por la cuantía, lo que fijaría la devolución por parte de la entidad financiera en 100.097 euros.
