Bankinter se adhiere al Código de Buenas Prácticas para ayudar a las empresas a renegociar sus préstamos avalados por el ICO
El objetivo del banco es apoyar a las compañías a reforzar su solvencia, mermada por el efecto de la pandemia, con el fin de contribuir a una recuperación más rápida.
Bankinter aplicará el Código de Buenas Prácticas voluntario aprobado por el Gobierno. De este modo, el banco se compromete a aplicar el marco fijado en dicho código con el fin de dar respaldo a las empresas que eran solventes antes del Covid-19 y que, debido a la situación generada, han visto dañada su situación financiera.
El fin último de esta adhesión y los compromisos que se adquieren, junto con otras medidas de apoyo financiero a las empresas que ha puesto en marcha el banco desde el primer momento, es ayudar a una recuperación lo más rápida posible del tejido empresarial español.
Este Código de Buenas Prácticas estipula los compromisos que adquieren tanto los bancos como las empresas financiadas para reestructurar la deuda de estas y darles así oxígeno financiero. En el marco aprobado por el Ejecutivo, se incluía una nueva ampliación de los avales del ICO con el fin de mantenerlos en aquellos casos en que los préstamos se conviertan en préstamos participativos y, como última opción, aprobar quitas para reducir el capital principal de esa deuda financiera de las empresas.
Al adherirse a este Código de Buenas Prácticas, el banco se compromete, entre otras cuestiones, a: evaluar la aplicación de medidas que solicite la empresa deudora y extender el plazo de la financiación avalada cuando cumple los requisitos, así como a examinar el total de sus deudas con el fin de que la restauración de la solvencia empresarial no descanse solo en el préstamo que tiene aval del ICO. De igual forma, se establece el compromiso de mantener las líneas de circulante, como mínimo, hasta diciembre de 2022, y no ligar la aplicación de medidas a la contratación de otros productos, ni a incrementar el coste de la financiación más allá del coste del aval, el cual que aumenta por el encarecimiento que aplica el ICO a la entidad financiera al tratarse de un plazo más extenso.
Entre los requisitos que deben cumplir las compañías que soliciten la reestructuración figuran, entre otros, haber sufrido una reducción de sus ingresos de, al menos, el 30% en 2020, así como haber registrado un resultado negativo el pasado ejercicio y no haber incurrido en impagos ni estar sujetos a procesos concursales.
En este nuevo marco los plazos máximos son de ocho y de diez años, según el marco temporal en el que estén encuadradas las operaciones de las empresas.
El Banco de España supervisará el adecuado cumplimiento del Código de Buenas Prácticas.